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Cuando un país no tiene un acuerdo de extradición con España, puede convertirse en un obstáculo para la justicia en casos en los que se requiere la entrega de un fugitivo para ser juzgado o cumplir una condena.

La extradición es el proceso por el cual un país solicita a otro la entrega de una persona que se encuentra en su territorio para que sea juzgada o cumpla una condena en el primer país.

Este proceso ha tenido un impacto positivo en el sistema judicial de Bulgaria, haciendo que el proceso de extradición sea más rápido y eficiente.

El problema surge porque el Gobierno es reacio a poner de forma inicial y rápida una fecha concreta de entrega, y entretiene al Juzgado de Instrucción y a las partes con todo tipo de comunicados vagos, donde se habla de las medidas que está tomando para impulsar la entrega, pero sin llegar a fijar una fecha concreta.

Sin embargo, es importante destacar que la simplificación de la extradición debe ser utilizada de manera responsable y garantizando siempre los derechos fundamentales de los sospechosos.

Estos tratados son acuerdos internacionales que establecen las condiciones y procedimientos para solicitar y conceder la extradición. Si no existe un tratado de extradición entre los dos países, entonces no se puede realizar la extradición.

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Las personas solicitadas tienen derecho a ser notificadas de la solicitud de extradición, a tener acceso a un abogado y a presentar pruebas en su defensa. Además, tienen derecho a apelar la decisión del juez si esta es desfavorable.

Las personas que son objeto de una solicitud de extradición tienen derecho a ser informadas sobre los cargos que se les imputan, a contar con asistencia legal y a presentar pruebas en su defensa.

El art 19.three de le Ley de Extradición Pasiva, establece que si en el plazo máximo de thirty días desde que  el Gobierno español fije la fecha de entrega ésta no se ha producido, generalmente por desidia o falta de medios del Estado requirente, dicha persona debe de quedar en libertad, pudiendo denegarse la extradición si de nuevo se solicitase por las autoridades del país requirente por los mismos hechos. Este plazo de thirty días se puede reducir a fifteen a discreción del Juez instructor.

En muchos casos, los países pueden optar por juzgar a los acusados en su propio territorio utilizando su propio sistema legal. Sin embargo, esto puede limitar la capacidad de España para garantizar que los responsables rindan cuentas y enfrenten la justicia.

2. Se aplicará la misma regla si la Parte requerida tuviere razones fundadas para creer que la solicitud de extradición motivada por un delito de naturaleza común, se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por consideraciones de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas o que la Situación de dicha persona corre el riesgo de verse agravada por una u otra de tales Consideraciones.

Si el país solicitado no concede la extradición, la persona look at more info acusada o condenada no puede ser entregada. En algunos casos, el país solicitante puede optar por juzgar a la persona en su propio territorio.

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